Proyecto de Resolución
El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley, etc.

 

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1°  Crear una Comisión Especial Investigadora de las actividades de la empresa ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.Y.C. (ALPAT), desde su origen hasta la actualidad, y particularmente de sus mecanismos para la obtención de créditos, fondos especiales y avales otorgados por el Estado Nacional.

2° A los fines previstos en el artículo anterior, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgue necesarias, recibiendo declaraciones bajo juramento, informes y pericias;

b) Solicitar al Juez Penal competente la adopción de las medidas que estime necesarias para el cumplimiento de su cometido.

c) Disponer que peritos o entendidos en un arte o profesión informen sobre los puntos que le fueren sometidos.

3°.- Las facultades previstas en el artículo anterior serán ejercidas plenamente en todo el territorio nacional, dentro del cual podrá trasladarse o delegar en alguno de sus miembros dichas atribuciones.

4°.- La Comisión Especial Investigadora de ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.Y.C. estará integrada por siete (7) Señores Diputados y elevará un informe definitivo a la Honorable Cámara dentro de los ciento ochenta días (180) de su constitución.

FUNDAMENTOS

 

SEÑOR PRESIDENTE

Tiempo atrás, el entonces Presidente de la República sostuvo que Yaciretá era un monumento a la corrupción. La metáfora, obviamente, pretendía describir de una pincelada la historia de una de las obras públicas más importantes y cuestionadas de la Argentina, donde su elevado y aún no definido costo final, producto de innúmeras irregularidades, hubiese permitido realizar varias represas como la cuestionada, con sólo haber administrado el proyecto con honestidad y transparencia.

Pero sin que se interprete en absoluto como justificación, porque lo sucedido en su desarrollo y construcción es inadmisible, la represa se hizo y hace años suministra energía a los argentinos.

Si aquella fue la metáfora para una obra cuestionada pero concluída, cómo describir una obra privada que lleva treinta años de construcción, sin aportes de capital que no sea producto del endeudamiento avalado por el Estado, con más de 500 millones de dólares de costo que pagaremos entre todos los argentinos, y que aún está muy lejos de producir algún bien, más allá de los beneficios espúreos que ya se han repartido sus propietarios, promotores y seguramente más de un funcionario nacional y provincial. Podríamos decir “Alpat –pués de ella se trata- es el monumento a la estupidez”, por todos los argentinos que toleramos tanto tiempo, por desconocimiento, o por concepción ideológica, políticas activas fundadas en “necesidades estratégicas”, y en toda la parafernalia dogmática que se ha utilizado en los últimos treinta años para encubrir una nueva estafa al Estado.

Podríamos sostener también que “Alpat es el monumento a la viveza criolla”, pués sólo en nuestro país puede llevarse adelante durante treinta años con absoluta impunidad un proyecto de estas características, usufructuado por un grupo de vivillos y corruptos, que indefectiblemente será pagado por el conjunto de los argentinos.

Una investigación seria y completa sobre el tema fue publicada por el diario Río Negro en sus ediciones de los días 31-3, 1-4 y 2-4-2000 bajo el título “La increible historia del Alpat”. Recomendamos la lectura de dichas ediciones, lo que puede hacerse facilmente en el sitio internet del diario (www.rionegro.com.ar), pués allí se describen con lujo de detalles las maniobras que permitieron llevar adelante este proyecto durante tres décadas, con una inversión multimillonaria y economicamente inviable, pués como se verá aunque la planta estuviera funcionando a pleno, la venta íntegra de su producción a valores de mercado no alcanzaría para cancelar los intereses de los créditos adeudados, avalados por el Estado.

La empresa ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A. (ALPAT) se constituyó en la década del setenta con la finalidad de desarrollar una planta productora de soda solvay a pocos kilómetros de San Antonio Oeste. El proyecto despertó el interés de la comunidad en su conjunto pués prometía desarrollo y crecimiento de la región, creación de puestos de trabajo, mejora en la infraestructura de servicios y calidad de vida de sus habitantes, generados en forma directa como a traves de las industrias conexas. Sin embargo, no encontró apoyo del capital privado para ser llevado adelante.

Sus impulsores decidieron entonces buscar el apoyo público. Aquí tuvieron más suerte, y comenzaron la construcción de una mole en el medio del desierto patagónico, que ha llevado al Estado Nacional a invertir y comprometer, a favor de particulares, una suma que supera los quinientos millones de dólares (U$S. 500.000.000), y que a la fecha no ha producido siquiera una “muestra” del mentado producto.

Veamos el origen del “capital” de ALPAT. El primer “aporte” lo constituyó un fondo especial creado por la Ley 18.518, que gravó con aranceles aduaneros la importación de carbonato de sodio destinando su producido al nuevo emprendimiento. Por este rubro se recaudó una suma cercana a los veinte millones de dólares (U$S.20.000.000).

Por otro lado el Estado Nacional también habría favorecido con diferimientos impositivos a empresas que realizaron presuntas inversiones en ALPAT, resignando de esta manera la percepción de legítimos recursos económicos. Esta fuente de financiamiento se “limitó” por un acuerdo celebrado con el Estado en 1988 a la suma de ciento setenta y ocho millones de dólares (U$S. 178.000.000). Las empresas beneficiadas con el diferimiento debían, transcurrido el plazo fijado en la normativa, efectuar el pago de los tributos no ingresados. Como dicho plazo corre a partir de la finalización del proyecto, resulta comprensible que se haya dado tan poco impulso a la concreción del mismo.

En el balance de 1996, ALPAT reconoce un pasivo financiero de 320 millones de pesos, cifra de por si escandalosa pués supera el valor de la inversión y es igual a todo el presupuesto previsto para poner la planta en funcionnamiento. Esos créditos bancarios se obtuvieron del Estado, o de la banca privada avalados por el Estado. En efecto, en 1976 Alpat recibió del Banade fondos por un 28,7 millones de dólares y 6,7 millones de marcos alemanes; con ellos se compró equipamiento que permaneció a la intemperie durante más de una década en la entrada de San Antonio Oeste.

Los vencimientos de sucesivos préstamos avalados por la Nación, dieron origen a casi un centenar de pagos efectuados por Hacienda. Sin embargo, la caradurez no tiene límites, y fue ALPAT quien le inició juicio al Estado, quedando radicado en la Comisión Asesora para Transacciones Judiciales, donde se llega a un arreglo en 1988 otorgándose avales para un nuevo crédito por U$S 90.000.000 con el Dressdner Bank, apareciendo el Banco de Río Negro como cofiador.

En la actualidad, le adeuda a dicho Banco una suma superior a los ciento sesenta millones de dólares ( U$S. 160.000.000), con avales renovados por parte del Estado, y la deuda con el BANADE residual por el crédito otorgado en 1975 supera los cien millones .

Como podrá advertirse se trataba de un emprendimiento privado donde el riesgo empresario y las inversiones quedaban exclusivamente en manos del Estado Nacional.

Pero los números actuales, que surgen del último balance presentado por la empresa en 1996, demuestran una absoluta insolvencia. Los números oficiales que presentaba la empresa en junio/96 mostraban que sobre un pasivo total de 354,6 millones de dólares, el endeudamiento de corto plazo con el sistema bancario era de 57 millones (en los 12 meses subsiguientes) y 270 millones en obligaciones de largo plazo. La deuda financiera de ALPAT a aquella época alcanzaba los 327 millones de dólares. Esa deuda hoy debe rondar los 450 millones de dólares, la planta aún no está operativa, los trabajos de ejecución se encuentran parcialmente paralizados y suspendida la casi totalidad del personal.

Pero no hablamos sólo de insolvencia económica o financiera. El proyecto integral es absolutamente insolvente. Nótese que sólo por intereses anuales de la deuda actual deberían pagarse cerca de U$S 50.000.000 y aún produciendo a pleno, las 200.000 Tns. de carbonato de sodio que ofertaría ALPAT tendrían un valor de venta de U$S 35.000.000. Es decir, no alcanza a pagar los intereses. No hablemos de gastos operativos, ni de las inversiones pendientes.

¿Cuán lejos estamos de que la gran planta de soda solvay funcione? Muy lejos. La inviabilidad del proyecto aleja cada vez más esa posibilidad. Además, no se desarrollaron las obras de agua, gas, electricidad, ni vías de comunicación, que permitan pensar en soluciones a corto plazo.

¿Cuán cerca estamos de que se utilice nuevamente al Estado para refinanciar el proyecto? Muy cerca. El Gobernador Verani acaba de expresar al diario Río Negro que “para poder iniciar la producción tendría que quedar reglamentado un proyecto que está en la Jefatura de Gobierno”. Y en la misma sintonía, el titula de ALPAT, Osvaldo Dagnino, expresó que las cesantías a su personal estaban vinculadas a demoras de la Nación en trámites promocionales a favor de ALPAT. ¿Estarán preparando nuevos reclamos, nuevos préstamos, nuevos avales?

Nos encontramos lisa y llanamente frente a una gran estafa, mediante la cual, inescrupulosos personajes con máscara de empresarios, protegidos y apoyados por funcionarios incapaces o corruptos, han constituído una empresa fantasma, que en treinta años no pudo finalizar su planta y por lo tanto no produjo, a la fecha, ni un gramo de carbonato de sodio, soda solvay, arena, espejitos de colores o lo que estuviere destinada a producir.

Un proyecto empresarial, sustentado en el riesgo privado, fracasa cuando su ecuación económico-financiera lo hace insostenible. ¿Cómo puede entenderse tan obstinada persistencia en éste? Porque la trampa radica allí, no hay riesgo privado sino que ha intervenidoel Estado mediante créditos, fondos especiales conformados por gravámenes a la importación, exenciones impositivas y avales para la obtención de créditos en entidades privadas, que se transformaron en pagos por incumplimiento de las condiciones en que fueron pactados. Según estimaciones, el flujo de recursos que por las causas mencionadas aportó, avaló o dejó de percibir el Estado asciende a una suma que supera los quinientos millones de dólares ( U$S. 500.000.000).

Es entonces el Estado quien mantiene el fantasma de una utopía deambulando por el Norte Patagónico y a sus no tan fantasmales promotores con un nivel de vida vedado a la mayoría de los ciudadanos quienes soportan el gran peso de este nuevo fracaso.

Quizas no se puedan remediar los desatinos ya cometidos, ni recuperar la totalidad de las sumas invertidas o comprometidas, pero urge tomar conciencia de los mismos, investigar y sancionar las irregularidades y delitos que se hubieren cometido, y poner fin de inmediato a toda participación estatal en este emprendimiento.

Por lo expuesto solicitamos a los Señores Legisladores la consideración y aprobación del presente Proyecto de Resolución.

 

Franco Caviglia Diputado de la Nación

Alfredo Castañón Diputado de la Nación

Guillermo Francos Diputado de la Nación

Asesor: Gustavo P. Forgione 

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