Hom. Cámara de Diputados de la Nación

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GUILLERMO FRANCOS

CONSIDERACIÓN DE LOS

Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior en los proyectos de ley de los señores diputados Larraburu y Quintela (expediente 4.953-D.-98), Larraburu (expediente 7.168-D.-98) y Pichetto (expediente 1.670-D.-99) sobre modificación del Código Procesal Penal en materia de facultades de las autoridades de prevención.

Sesión del 16 de Junio de 1999

Sr. FRANCOS.- Señor presidente: voy a expresar brevemente la posición de mi bloque respecto de este debate que se ha dado en llamar de la seguridad o inseguridad. En realidad, ya llevamos cuatro semanas discutiendo este asunto en sesiones que no han alcanzado el quórum. Sin embargo, nuestro país sufre una de las mayores crisis de los últimos tiempos en materia de seguridad pública. Nos enfrentamos a un debate en el que se han planteado reformas al Código de Procedimientos, mediante las cuales se han esclarecido algunas atribuciones de los auxiliares de la Justicia y que resultan fundamentales para sanear inconvenientes sobre nulidades procesales por la actuación de estos auxiliares.

Creemos que el tema de fondo que estamos tratando es la seguridad o la inseguridad en la Argentina, pero en realidad de ninguna manera es así. Por supuesto que acompañamos las reformas al Código de Procedimientos que se proponen, pero no podemos dejar de señalar que en este aspecto existe una serie de elementos sustanciales referidos a la crisis de inseguridad que vive la Argentina, que no han sido tratados por esta Cámara.

Uno de esos temas, que me parece fundamental, es el referido a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a la famosa discusión que existe entre el gobierno nacional y el de la ciudad sobre la dependencia de la fuerza que tiene a su cargo la seguridad en Buenos Aires.

Este es un debate central porque todas las policías del mundo que han enfrentado graves crisis de seguridad como la que hoy atraviesa la Argentina han planteado la descentralización como una de las medidas más importantes para dar solución a este flagelo social.

Aquí se ha hablado mucho del ejemplo de la policía de Nueva York, que ha llevado adelante una política de endurecimiento de la acción policial que, por supuesto, ha provocado cuestionamientos por parte de la sociedad de dicha ciudad debido a los excesos policiales que se han cometido. Pero al mismo tiempo ese sistema ha brindado, sin duda, un nivel de seguridad poco común en las últimas décadas en esa ciudad tan importante del mundo.

Pero aquí no se ha hablado de un sistema absolutamente distinto que se aplicó para solucionar la crisis de seguridad en la ciudad de San Diego, que tuvo exactamente el mismo resultado que el utilizado en Nueva York, es decir, una disminución del 40 por ciento en el nivel de delito. El sistema fue similar en algunos aspectos en cuanto a la descentralización, pero diferente porque en San Diego se brindó a la comunidad la posibilidad de tener una participación mucho mayor en la problemática de la seguridad.

Por supuesto que en ambas ciudades, además de estas medidas, se utilizaron algunos aspectos técnicos fundamentales, como por ejemplo el mapa del delito, del que nosotros carecemos. No tenemos en nuestro poder, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, un mapa completo del delito. Aquí nos enfrentamos con una grave situación que conspira contra la posibilidad de brindar una solución real a esta problemática, que es la omisión de denuncia.

Seguramente cualquier encuesta que se realice hoy en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense va a demostrar que los argentinos confiamos tan poco en nuestro sistema de seguridad y judicial, que no formulamos la denuncia sobre los delitos de los que somos objeto.

Entonces, a pesar de la extensión de este debate -que ya lleva cuatro semanas-, entiendo que debemos poner un poco de atención en el tema real que estamos considerando. Estamos tratando de aprobar algunas medidas concretas sobre el procedimiento judicial en materia criminal. Todos sabemos que ésta no va a ser una gran solución para la crisis de inseguridad, pero no hemos generado un debate sobre otras cuestiones que también tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo la organización de la propia Policía Federal, tema en el que este Congreso podría intervenir, o sobre la transferencia de la Policía a la ciudad de Buenos Aires, que también es un punto sobre el que el Congreso podría actuar. Estas cuestiones tienen tal vez más relación con la crisis de inseguridad que hoy vive la Argentina, y sobre todo el Gran Buenos Aires.

Digo esto porque de lo contrario estamos dandoo pretendiendo dar a la opinión pública la idea de que en esta Cámara tratamos los problemas de fondo que se vinculan con la seguridad en la Argentina, cuando lo cierto es que estamos considerando una iniciativa que sólo va a permitir que los procesos judiciales -cuando muy pocos de los delitos que se cometen llegan al estado judicial- puedan encauzarse salvando muchos de los inconvenientes y cuestionamientos que hoy padecen.

Por lo tanto, vamos a acompañar el proyecto, pero dejando en claro que aún queda pendiente la realización de un debate en serio sobre los problemas de seguridad que hoy vive la Argentina

 

 
 

 

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