Hom. Cámara de Diputados de la Nación

INTERVENCIÓN DEL DR. DOMINGO FELIPE CAVALLO

DEBATE EN RELACIÓN AL

Régimen para la administración de los recursos públicos
de los poderes del estado nacional.

TAMBIÉN LLAMADO PROYECTO DE CONVERTIBILIDAD FISCAL

Intervención del Diputado Domingo F. Cavallo

Sesión del 30 de Junio de 1999

 

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: nuestro bloque va a votar a favor de la ley de solvencia fiscal propuesta por el señor diputado Remes Lenicov. Sin embargo, quiero señalar que esta iniciativa no tiene nada que ver con la ley de convertibilidad que fuera aprobada en el mes de marzo de 1991, ya que es de naturaleza completamente diferente.

Es desafortunado que en la prensa y en la discusión cotidiana se la haya denominado ley de convertibilidad fiscal, porque la convertibilidad es una propiedad que da poder a la gente para elegir; en el caso de la convertibilidad monetaria la elección fue por la moneda con la que se manejaría. Por lo tanto, significa quitarle poder al Banco Central y a las autoridades políticas y económicas para desvalorizar la moneda.

El muy buen efecto que tuvo la ley de convertibilidad monetaria, tanto desde el punto de vista económico como político, se debe precisamente a que la gente usó ese poder primero para defender el valor del dinero, de su trabajo, de sus ahorros, y luego para exigir a la dirigencia política que nunca le quite ese poder que le asegura estabilidad a esos ahorros.

También se podría pensar en una ley de convertibilidad social –como la hemos denominado nosotros- en lugar de esta denominada ley de convertibilidad fiscal, pero la clave estaría en dar poder a la gente para asegurar que lo que figura en el presupuesto asignado a la educación tenga ese destino a través de ella, lo que figure en el presupuesto para salud llegue por medio de la gente a los hospitales, y así el control del buen destino del dinero que recauda el sector público estaría en la gente y las partidas no se perderían en vericuetos burocráticos y de corrupción. Esa será en el futuro la nueva ley de convertibilidad social que espero que algún día sancione el Parlamento.

Destaco que a pesar de que algunos señores diputados votarán a favor y otros en contra de esta iniciativa, la discusión ha puesto de manifiesto que existe una preocupación prácticamente unánime en las distintas bancadas respecto al control del gasto público y para evitar el descontrol del déficit y el aumento permanente del endeudamiento.

Espero que en función de esta unanimidad el efecto que produzca la sanción de este proyecto de ley sea positivo, es decir, ayude a mejorar las expectativas respecto al futuro de nuestro país. Sin embargo, en ese mismo sentido señalo que no creo que esta normativa constituya un gran aporte, porque coincido con los que han señalado que en materia fiscal hay dos conjuntos de normas que son clave. El primero se vincula con la ley de administración financiera y control presupuestario, que es una muy buena ley que debe cumplirse, y el segundo se relaciona con las leyes anuales de presupuesto.

En este sentido, si hoy hubiéramos dispuesto la derogación del decreto de necesidad y urgencia 21/99 que firmó el señor presidente de la Nación el 14 de enero de este año, habríamos producido un muy buen efecto sobre los que miran el grado de disciplina fiscal de la Argentina.

Es la primera vez que por medio de un decreto de necesidad y urgencia se modificó la ley de administración financiera, que es una norma marco que nunca debería ser modificada por esa vía. Además se hizo para autorizar el aumento del gasto y del endeudamiento en obras no prioritarias a ser contratadas por la Secretaría y de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.

No habría mejor forma para demostrar la prioridad que este Congreso de la Nación otorga al control del gasto y del endeudamiento y al respeto por la ley de administración financiera, que derogar esa autorización para gastar y endeudarse más, derivada del decreto 21/99. Se trata de un pésimo antecedente porque fue la primera vez que por decreto de necesidad y urgencia se modificó una ley de esa jerarquía.

Además podríamos dar una señal muy positiva si hoy estuviéramos rediscutiendo la ley de presupuesto para 1999, es decir, la ley vigente; y si incluyéramos en esa ley un condicionamiento a las transferencias pendientes desde la Nación a las provincias de aquí a fin de año, a fin de que se dé estricto cumplimiento por parte de las provincias al Pacto Federal Fiscal en todo lo vinculado con el control del gasto y la eliminación de impuestos distorsivos.

Si las provincias hicieran en los próximos tres meses lo que no hicieron en los tres últimos años, leyeran y releyeran el Pacto Fiscal Federal y se guiaran en las decisiones que tienen que tomar con lo que se comprometieron a hacer en ese Pacto, comenzaríamos a ver una solución al gravísimo problema fiscal que estamos viviendo en este momento.

Una discusión del presupuesto para 1999 debería llevar a la eliminación de partidas innecesarias o superfluas y demostrar que no sólo prometemos disciplina fiscal para el futuro, sino que la comenzamos aplicar aquí y ahora porque sin duda estamos enfrentando una verdadera situación de emergencia fiscal.

También hubiera sido una buena señal haber derogado hoy el impuesto a los automotores, por lo menos en lo que respecta a las empresas de transporte. Es una aberración que se exija que paguen el 1,5 por ciento del valor de sus herramientas de trabajo a quienes prestan servicios de transporte, tan importantes para el buen funcionamiento del resto de la economía.

En síntesis, vamos a votar a favor de este proyecto, sobre todo para que nadie interprete que falta voluntad en este Honorable Congreso para poner límites al gasto y al déficit excesivos.

Sería muy productivo que hoy nos abocáramos a dar muestras de disciplina fiscal. Todos los miembros de este Congreso deberían dar el ejemplo y hacer un mea culpa sobre aquella resistencia equivocada a un veto del Poder Ejecutivo cuando por intereses corporativos, como es el caso de los tres pesos por voto asociados a las campañas electorales insistieron –no digo "insitimos" porque los tres diputados de Acción por la República en ese caso acompañamos el veto del Poder Ejecutivo- para que se triplicara el aporte por voto para la próxima campaña electoral. Obviamente, desde el Congreso deberíamos estar dando el ejemplo en materia de disciplina fiscal.

Entre paréntesis, el gasto enorme que se está haciendo en las campañas electorales no es precisamente un buen ejemplo en momentos en los que debería existir una fuerte austeridad. En síntesis, más allá de que votemos afirmativamente este proyecto de ley, es urgente que en esta Cámara nos aboquemos al tratamiento del problema fiscal federal y de las provincias con referencia al año en curso antes de las elecciones.

 
 

 

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