PARTIDO FEDERAL

Capital Federal

Sobre la Devaluación


Buenos Aires, enero de 2002.

Estimados amigos/as:

                                                Los sectores parlamentarios que apoyan el gobierno del presidente Duhalde (PJ, UCR, FrePaSo)  aprobaron el fin de semana pasado la “Ley de Emergencia Pública” por la cual se derogó el régimen de convertibilidad que nos rigiera por casi once años. Es nuestro deseo y nuestro anhelo que la Argentina consiga la recuperación mediante las nuevas medidas adoptadas, pero es nuestra responsabilidad también señalar que la devaluación de nuestro signo monetario traerá aparejada la depreciación de sueldos y jubilaciones, la remarcación de precios, el desabastecimiento de productos escenciales y el riesgo cierto de volver a la inflación.

                                                Como nosotros mismos afirmáramos a principios de diciembre, el ciclo de la convertibilidad se hallaba afectado por el control de cambios y la restricción a la extracción de depósitos impuesto por el gobierno de la Alianza, y porque la paridad un peso - un dólar se había convertido en una peligrosa ficción con la brutal caída de las reservas producida en el mes de diciembre de 2001.

Pero hay que hablar con franqueza: el presidente Duhalde argumenta la necesidad de “cambiar el modelo” y sincerar la economía porque el Estado está quebrado, pero hay un serio error de diagnóstico al afirmar que la convertibilidad es la causa de ese quebranto. La quiebra se produce justamente porque no se cumplió con la condición necesaria que dicho sistema impone: el equilibrio fiscal. Mientras el Estado entraba en crecientes déficits fiscales mantenía la convertibilidad gracias a la constante suba de la deuda pública. En rigor lo que se hizo fue emitir pesos para financiar el déficit del estado contra dólares surgidos del endeudamiento del sector público. Cuando se acabaron los préstamos externos y entramos en default técnico, se hacía indispensable alcanzar el déficit cero. Y acá falló el liderazgo político del ex presidente De la Rua para poner en caja las cuentas desmadradas. Y eso, lamentablemente, tampoco lo entendió –salvo cuando ya era muy tarde- el creador de la convertibilidad, Domingo Cavallo.

                                                El colapso del estado argentino como resultado de la falta de fondos propios (recaudación fiscal) y de préstamos externos (emisión de deuda pública, blindaje, etc) no significaba necesariamente abandonar la convertibilidad como remedio milagroso para solucionar los problemas estructurales de la Argentina, que son los que generan la falta de competitividad  de nuestro país.

                                                Son atendibles las razones expuestas por el sector exportador respecto de la dificultad que el 1 a 1 aparejaba para competir en el mundo. Pero no debe olvidarse a la hora de hacer este análisis la inusual revaluación del dólar en la última década y la caída de los precios de nuestros commodities. A pesar de esto, la Argentina tiene un saldo comercial positivo del orden de los u$s 6.000 millones anuales.

Esto nos remite, entonces, a la enumeración de las causas estructurales que motivan la crisis de nuestro país: gigantismo e ineficiencia del aparato burocrático del estado, corrupción asociada al manejo de los asuntos públicos, crisis del sistema de coparticipación federal de impuestos, falta de una política tributaria que desaliente la evasión, no sea confiscatoria y no trabe la producción privada y agotamiento del sistema de representatividad política. Ninguna de estas causas han sido contempladas en la ley que ha sancionado el Congreso. Por ende, los problemas argentinos subsistirán.

Cualquier argentino de más de 30 años ya sabe como sigue esto: la devaluación nominal pronto es esterilizada por aumento de precios, que a su vez impulsan otro retoque en el tipo de cambio y una nueva oleada de aumentos. Se podrá decir que esta vez es diferente porque la depresión de la economía hace más dificultoso el traspaso a precios. Pero también es posible tener inflación con recesión.

Las nuevas medidas económicas ponen todo el acento en la política cambiaria y monetaria. Asistiremos a una época de fuerte intervencionismo del Estado que irá decidiendo como quedarán los precios, las tarifas, los salarios, las deudas internas y externas, los activos, los alquileres, absolutamente todo. Para reforzar esto, el Congreso delegó por dos años facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, en condiciones más gravosas aún de las que se habían concedido por el plazo de un año al ex presidente De la Rua, que motivaran en aquel entonces el rechazo del PJ  y las acusaciones de parte del pseudo progresismo argentino, de que los legisladores que lo aprobaron incurrían en traición a la patria. Curiosamente, esas voces callaron ante la nueva delegación de facultades.

La autorización otorgada al PEN para emitir dinero vulnera definitivamente la independencia del Banco Central y abre la puerta a la emisión monetaria sin respaldo, antesala de la inflación. Vuelven como en las peores épocas del país los controles de cambio –para que no se dispare el dólar- y de precios –para evitar la inflación-, pero el Estado no está en condiciones ni de sostener el nuevo precio de la divisa norteamericana ($1,40) porque no tiene reservas suficientes, ni de controlar al comercio minorista de todo el país porque no puede ejercer su poder de policía.

Por otra parte, se pesifican los créditos bancarios de particulares y de Pymes de hasta u$s 100.000 asegurándole la diferencia en dólares a los Bancos ( u$s 8 mil millones) con el impuesto del 20% a las exportaciones de hidrocarburos. ¿ Cómo harán para sobrevivir las provincias Patagónicas ? Asimismo, nada se dice en la ley respecto de los depósitos encerrados en el corralito. Sólo ha dicho el presidente Duhalde que se garantizará su devolución en la misma moneda en que se efectuaron. No hay plazos, no hay fechas. ¿De dónde sacará el gobierno las divisas para devolver los depósitos en dólares ? ¿Acaso emitirá dinero para adquirir reservas ? Además, inentendiblemente, se deroga la Ley de intangibilidad de los depósitos que el mismo Congreso había sancionado cuatro meses atrás. Cuál será entonces, la verdadera intención del gobierno: ¿devolver la plata o retenerla indefinidamente ?

Por último, se repite el error plasmado en otras leyes de limitar las acciones judiciales. La ley aprobada consagra el “per saltum” para que sea la Corte Suprema de Justicia la que entienda en segunda y última instancia respecto de los recursos que interpongan los particulares que se puedan ver afectados por esta ley. Como podemos apreciar, se terminan aplicando desde el gobierno los mismos mecanismos que antes se habían criticado desde la oposición.

En definitiva, advertimos a la población que la devaluación impuesta por el gobierno sólo agravará la crisis económica que atraviesa nuestro país, poniendo en riesgo la integridad, la libertad y el patrimonio de todos los argentinos, en particular de los que menos tienen y de aquellos que mantuvieron sus ahorros en el país.

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